LÍDER DEMÓCRATA PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA MEJORAR LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD


El programa de seguridad regional de la iniciativa Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte tendría un apoyo total por parte de EEUU de 1,040 millones de dólares.

Tegucigalpa, 11 de julio. Un proyecto de ley orientado a mejorar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN), el cual es integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras, fue presentado ante el Congreso de Estados Unidos por el líder demócrata del Senado, Harry Reid.

Estados Unidos aprobó en diciembre pasado 750 millones de dólares para los países del Triángulo Norte y Nicaragua. De estos fondos, se asignan a Honduras 93 millones de dólares (unos 2,000 millones de lempiras), siendo el país más beneficiado en términos per cápita.

Honduras también puede acceder a un fondo (parte de los 750 millones de dólares) de más de 180 millones de dólares para iniciativas de prosperidad y gobernabilidad en la región. Dentro del Plan Alianza hay fondos específicos para seguridad regional, cumplimiento de la ley y del Estado de Derecho, por el orden de 200 millones de dólares.

Por su parte, el Gobierno del presidente Juan Orlando Hernández ha destinado 965 millones de dólares para desarrollar el Plan Alianza, una iniciativa regional liderada por el gobernante hondureño y que incluso se basa en su plan de Gobierno denominado Plan de Todos para Una Vida Mejor.

 

La propuesta de Reid

Con el proyecto de ley, el senador Reid busca que el Congreso de Estados Unidos deje permanente en el presupuesto de su país una suma anual de un poco más de 1,000 millones de dólares para los objetivos de la Alianza para la Prosperidad.

En detalle, la propuesta busca asignar a CARSI o Iniciativa Regional de Seguridad para América Central una suma de 1,040 millones de dólares, para programas de fortalecimiento del Estado de Derecho, combate a la corrupción, el tráfico de drogas, crimen organizado, tráfico de personas y reducción de la pobreza.

Según la propuesta de ley, los fondos quedarían distribuidos entre el Departamento de Estado y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, siglas en inglés), con 230 millones de dólares para la protección de derechos humanos, combate a la corrupción y fortalecimiento del Estado de Derecho.

Unos 260 millones de dólares serían asignados para combatir la violencia, crimen organizado y tráfico de personas y 260 millones de dólares para reducir la pobreza y mejorar el desarrollo económico.

En cuanto a las condiciones de uso, el senador Reid detalla en su iniciativa de ley que un 25% de los fondos estarían autorizados para utilizarse a través del CARSI, sin condicionamientos.

Otro 25% estaría disponible hasta que se certifique que los países del Triángulo Norte están implementando medidas efectivas para combatir el tráfico de personas, facilitar la repatriación de nacionales, mejorar los servicios de reintegro y cooperar con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados.

En tanto el 50% restante estaría disponible hasta que se certifique que los países están combatiendo la corrupción, fortaleciendo la independencia judicial, luchando contra el crimen organizado y trabajando para mejorar la Policía, implementar reformas al financiamiento de las campañas políticas, incrementar la recaudación tributaria, resolver las disputas comerciales con inversionistas estadounidenses y proteger a los defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.

Reid también señala en la propuesta que se debe solicitar al presidente de Estados Unidos que nombre a un zar para coordinar todos los programas estadounidenses en el Triángulo Norte, así como trabajar junto a otros cooperantes internacionales.

Esta ley para Mejorar la Seguridad del Triángulo Norte ordena al secretario de Estado crear una estrategia para asegurar el apoyo de la comunidad internacional en la implementación de CARSI, incluyendo a México, Colombia, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de Estados Americanos (OEA), Banco Mundial (BM) y Fondo Monetario Internacional (FMI).

   
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